La economía social de mercado se encuentra consignada en el artículo 58 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, se proponen múltiples afectaciones a la misma sin tener una idea clara; a través de controles de precios, incorporación de delitos económicos, restricciones de actividades económicas o generando mayores regulaciones.
El Estado debe fomentar la prestación de los servicios públicos y, en particular, la provisión de infraestructura. También se requiere que la inversión pública sea eficiente. Es decir, tener una mejor capacidad de gasto, que existe de manera limitada en la administración pública. Entonces, la desigualdad, y en particular la desigualdad en el ingreso, no proviene de la economía de mercado, sino de la falta de capacidad y de la corrupción en el Estado, que no invierte eficientemente en salud, educación, infraestructura y demás materias necesarias para reducir la desigualdad.