El artículo analiza la importancia del órgano instructor y de otras garantías en el procedimiento administrativo sancionador a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado desde un punto de vista administrativo y constitucional, según la Ley del Procedimiento Administrativo General y los criterios de diversas resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional.
Debemos recordar que la potestad sancionadora de la administración pública se sustenta en la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), específicamente en el Capítulo III del Título IV del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 27444, capítulo que regula los principios, reglas y garantías aplicables en el procedimiento administrativo sancionador...