Integridad pública:
Posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados.
Sector público:
Comprende los organismos legislativos, ejecutivos, administrativos y judiciales, así como sus funcionarios, nombrados o elegidos, remunerados o no, temporales o permanentes en el ámbito de la administración central y subnacional.